En el día de ayer, se hizo público un proyecto de ley pomposamente denominado Incentivo al Desarrollo Profesional Docente.
Si bien serían varias y varios los legisladores que lo estarían acompañando, la única firma visible es la del diputado oficialista por el MPN Claudio Domínguez.
La propuesta legislativa es presentada como beneficiosa, no sólo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también para las arcas provinciales y para las y los trabajadores de la educación al garantizarle un plus salarial en tanto y en cuanto participen de futuros cursos de formación.
Pero, tal como las cortinas de humo que propone de manera constante el Ejecutivo nacional, el gobernador Figueroa se suma a la política tribunera, recuperando, una vez más (como hizo cuando intentó cerrar la paritaria por decreto) su origen sobischista, aunque sumándole lo posmoderno del contexto.
El proyecto revelado por el diputado del partido provincial, pretende darle un marco de legalidad a un recorte de derechos conquistados que generara no solo incertidumbre laboral, sino también un escenario de violencia institucional. ¿Por qué?
En primera instancia, porque afecta de manera directa a las y los compañeros que son suplentes, recortando enormemente el régimen de licencias general que se les aplica.
Por ejemplo, al mismo tiempo que propone el plus por formación, no permite días de estudio para las y los trabajadores con esa situación de revista. Partiendo de que muchas y muchos de nuestros compañeros que son suplentes, aún están formándose en el ámbito universitario o terciario, mientras hacen sus primeras experiencias áulicas, ahora el Estado fomenta menor estabilidad y mayor precariedad laboral para un sector de trabajadoras y trabajadores que, de por sí, no tienen garantizada la carga horaria necesaria para subsistir.
Por otro lado, se establece que el plus (que no es ni más ni menos que un ítem presentismo camuflado bajo la necesaria formación permanente) lo cobrarán sólo quienes no tengan cierta cantidad de ausencias y cumplan con futuros cursos que promoverá el CPE. Nos preguntamos, ¿acaso no son formativas las instancias de grado y postgrado que muchas y muchos de nuestros compañeros están llevando adelante, asumiendo ellas y ellos sus costos?, ¿no son válidas las instancias de formación que las organizaciones sindicales promovemos en conjunto con instituciones educativas como la Universidad del Comahue?, ¿las y los promotores de esta norma son conscientes de que no existe una disponibilidad real de tiempo para formación obligatoria cuando con doble turno o 36hs cátedra lo temporal-privado es casi nulo y, para colmo, con un salario con el que a duras penas se llega a fin de mes?, ¿o acaso no será que este plus en realidad es la legitimidad de dejarnos sin tiempos de descanso o dedicados al ocio, como bien podrían ser los fines de semana, siendo estos más que derechos conquistados y que resguardan la integridad de nuestra salud mental?
En particular, ¿qué sucede con las y los trabajadores de la educación privada? Domínguez y quienes acompañen claramente desconocen –o tácitamente apoyan- que la situación de revista suplente es una de las prácticas más comunes y precarizantes que fomentan nuestros empleadores para quitarnos derechos aún cuando no existe titular alguno.
Así como deben desconocer que el CPE, por decisión política, no discute ni supervisa las relaciones laborales, garantizando de esta manera la continuidad de las prácticas explotadoras por la parte patronal y las pésimas condiciones y medio ambiente en las que nuestras compañeras y compañeros laboran.
Asimismo, el proyecto de ley habla de costos como factor a tener en cuenta para el fortalecimiento del vínculo entre docentes y estudiantes y del proceso de enseñanza-aprendizaje en sí. ¿Por qué mejor no ponen el foco en las subvenciones que luego no llegan al salario de nuestros compañeros y compañeras?, ¿por qué mejor no crean una Secretaría de Educación Privada en el ámbito del CPE y así toman nota de las pésimas condiciones en las que las y los trabajadores de la educación privada diariamente ejercemos nuestra labor? O mejor aún, ¿por qué no invierten, estas diputadas y diputados, en su propia educación y vuelven a formarse en matemáticas así no siguen repitiendo abstracciones como esa que dice que con U$S20 millones se construirían 64 escuelas?
Como siempre, la política del partido provincial (mayor o menormente reciclada, ampliada, supuestamente diversa) poniendo el foco en el eslabón más débil. Pero qué podemos esperar de quienes acompañaron la llamada Ley Bases en el Congreso Nacional.
Desde la Comisión Directiva de la Seccional Neuquén de SADOP planteamos el RECHAZO a toda forma de recorte de derechos y pretensión de precarizar aun más las relaciones laborales que encuadran a la docencia privada.