Como organización sindical que representa a todas y todos los trabajadores de la educación privada nos resulta imperioso aclarar algunas cuestiones en torno a la divulgación de los haberes que cobran nuestras compañeras y compañeros.
En primer lugar, es necesario recordar que existen dos tipos de instituciones en las que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestras infancias. Así como, dentro de la educación obligatoria, están las salas de 4 y 5 años, por fuera de ella están las maternales, desde los 45 días hasta los 3 años de edad inclusive.
Estas últimas, tienen un marco normativo, incluyendo la pauta salarial, completamente distinto a las primeras. De hecho, así como para las salas de 4 y 5 existe un sinfín de normativas y leyes de índole provincial que marcan las pautas generales de funcionamiento, las maternales dependen de un conjunto de regulaciones que se acuerdan y establecen a nivel nacional.
Mientras que los haberes de la educación obligatoria se vinculan a la paritaria provincial, según lo establecido por la Ley de Educación Privada del Neuquén 0695/72, para las salas maternales la pauta salarial se resuelve en acuerdo nacional a través del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, ente que depende de la voluntad política por parte del ejecutivo nacional y las cámaras patronales, siendo, en la actualidad, nula su intención de discutir sueldos a pesar de nuestra perseverancia, como Sadop, en el reclamo.
A su vez, la falta de perspectiva federal que tiene ese ámbito deriva en el absoluto desconocimiento de las particularidades de cada región y cada provincia de nuestro país, redundando, para el caso de Neuquén, en salarios que tienen una brecha de casi el 50% respecto a lo que cobran nuestras compañeras y compañeros que trabajan en las salas de educación obligatoria.
Para el análisis se deben tomar dos factores claves, factores que jamás son tenidos en cuenta por quienes comunican. En primer lugar, el absoluto nivel de precarización, informalidad y flexibilización laboral que sufren las y los trabajadores de los maternales como consecuencia directa de las decisiones patronales, por acción, y estatales, por omisión y/o complicidad. Sería más que interesante que quienes hacen tanto hincapié en mostrarle a la sociedad cuánto cobra una trabajadora de la educación, hagan algo similar en investigar el vínculo que existe entre las instituciones privadas y el poder político. Si realizan dicho esfuerzo, se llevarán, denlo por descontado, más de una sorpresa.
En segundo, el hecho de que más del 90% de quienes trabajan en dicho ámbito son mujeres, muchas de ellas estudiantes y madres jefas de hogar, que sufren constantemente no sólo la aplicación de normativas, como el régimen de licencias, absolutamente alejado de la realidad de toda trabajadora de la educación, sino también del acoso y la violencia por parte de sus patronales ante tal nivel de indefensión y olvido.
En este sentido, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei en su tan proclamada y vivada, por los intereses patronales y apátridos, Ley Bases, desprotege aún más a las compañeras ya que profundiza la precariedad al extender la legalidad de los contratos a prueba y, sobre todo, al incorporar la figura de colaboradora para empresas pequeñas, tal como lo son muchos maternales de nuestra provincia. Esta figura no sólo pretende eliminar la identidad de trabajadora, sino que también descarta todo derecho conquistado en torno a, por ejemplo, la salud, negando su acceso a través del sistema de obras sociales sindicales.
Por otro lado, centrándonos ya en el caso de las instituciones incorporadas a la enseñanza oficial en las que existen salas de 4 y 5 años, es fundamental aclarar que la diferencia entre los salarios que perciben las y los compañeros estatales con los privados se concentra en los aportes. Cuando, en enero de este año, el gobernador Figueroa decretó el aumento en las retenciones para la jubilación y la obra social de la provincia, profundizó aún más la brecha entre unos y otros haberes. Mientras que a las y los compañeros estatales se les retiene el 28% de su sueldo, a nuestros y nuestras representadas, por aportar a la caja nacional, se les retiene el 19%. Cuando se cotejan los brutos, los montos son exactamente los mismos.
Sin embargo, es también necesario resaltar que la Ley 0695/72 establece a la equiparación salarial como un piso y no como un techo. Por lo que toda conquista que logran nuestros compañeros y compañeras del gremio estatal, Aten, en la paritaria, es un punto de partida y no de llegada en relación a los haberes.
Y, por último, no podemos dejar de hacer mención a la animosidad constante que ciertos medios de comunicación aplican sobre la vida de nuestras compañeras y compañeros. No vemos semejante insistencia ni énfasis en divulgar los salarios que cobran las y los funcionarios, de toda línea y categoría, que administran, circunstancialmente, el Estado provincial.
Como Sindicato que representa a las y los trabajadores de la educación privada, seguimos insistiendo en la conformación de un espacio paritario propio, para lo que instamos a las cámaras patronales locales a dar la cara, a dejar las sombras en las que hacen constante lobby ante el Estado para recibir favores (tal como mayores subvenciones), y se sienten a discutir no sólo salarios, sino también condiciones y medio ambiente de trabajo, partiendo de la base que establece nuestra principal ley regulatoria, que es, precisamente, la 0695/72.
Comisión Directiva SADOP Neuquén
14 de junio de 2024
